Fundación Pioneros para la prevención y atención de las dificultades psicosociales

Programa Medidas Judiciales en Medio Abierto

El programa lo conforma un equipo de nueve personas que trabaja con menores y jóvenes a los que se les ha abierto un expediente judicial dando contenido a cuatro tipos de medidas judiciales en medio abierto (Libertad Vigilada, Prestación en Beneficio de la Comunidad, Tareas Socioeducativas y Reparaciones Extrajudiciales). Se interviene a nivel individual, familiar y grupal en el marco de la Ley Penal del Menor 5/2000 a través de un contrato de servicios con la Dirección General de Justicia e Interior  del Gobierno de La Rioja. 

Medidas Judiciales de intervención educativa

  • Libertad Vigilada (LV). Consiste en realizar un seguimiento del menor en el área personal, social, formativo/laboral, familiar y judicial combinando el control y la intervención socio-educativa-terapéutica donde se marcan objetivos de mejora que permitan, en la medida de lo posible, evitar que se genere un nuevo expediente judicial. Normalmente es una medida a la que se suman una serie de obligaciones judiciales de diferente naturaleza y características que tienen que ver con el ámbito formativo/laboral (con denominaciones tipo: “seguimiento de su actividad formativa”), de salud mental  (con denominaciones tipo: “tratamiento psiquiátrico o psicológico”), con el aumento de competencias personales (con denominaciones tipo: “realización de un programa de educación sexual”), o de otra naturaleza (“Terapia Familiar”, “Tratamiento para la deshabituación de tóxicos”, “Residir en piso de protección o en domicilio familiar”). El profesional responsable del caso orienta al menor para dar contenido a las posibles obligaciones o le apoya para que éste se ponga en contacto con un recurso de la red. Estos pueden ser del ámbito privado, público o incluso de la propia Fundación Pioneros.
  • Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC). Consiste en la realización por parte del menor de una actividad en interés de la comunidad, mediante la cual se pretende que se responsabilice de sus acciones, así como de los daños y perjuicios que ha ocasionado.  Una PBC facilita a los menores, por un lado, ser conscientes de las consecuencias que tienen sus conductas, y por otro, les posibilita mostrar lo mejor de sí mismos para ayudar a los demás y poner en práctica competencias laborales para desarrollar las actividades siendo en muchas ocasiones la primera experiencia que más se asemeja al mundo laboral. Para las entidades colaboradoras, supone un compromiso proactivo en la educación de chicos y chicas de esta sociedad, mostrando interés, implicación y motivación por favorecer que cada uno de ellos se ajuste al servicio que ofrecen, así como facilitar que sea una experiencia positiva, constructiva y enriquecedora.
  • Realización de tareas socio-educativas (TSE). El menor lleva a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten el aumento de sus competencias personales, laborales, formativas, etc. 
  • Reparación del daño causado a la víctima. El servicio de mediación intrajudicial de la Dirección General de Justicia e Interior puede solicitar, dentro de la actuación de conciliación-reparación, la realización de acciones educativas para los menores ya sea como PBC o TSE o incluso una combinación de ambas (categoría introducida en el año 2016). Estas actuaciones derivadas de estos procesos de conciliación-reparación tienen prioridad sobre las medidas judiciales de PBC e incluso sobre otra medida por su propio sentido “reparador”. La figura de autoridad que sustenta la intervención es la de la Fiscal, dentro de un proceso extrajudicial y se deriva de los compromisos adquiridos por el menor para reparar el daño causado. 

El trabajo desarrollado desde el programa ha permitido compaginar el control que implica el marco judicial con la respuesta educativa ofrecida desde el modelo de cooperación expuesto,  lográndose traducir una medida judicial en un acto educativo.

Fines y principios del Programa Medidas Judiciales

Los fines que se han pretendido alcanzar con la aplicación de este Programa son la rehabilitación e integración psico-socio-laboral y la prevención de la reincidencia de menores y jóvenes sobre los que ha recaído una medida judicial de las arriba mencionadas. 

Los principios generales que han dirigido las actuaciones en la ejecución de las medidas que se recogen en esta memoria son:

  • Igualdad ante la Ley.  
  • Respeto de los derechos y garantías.
  • Individualización de las respuestas.
  • Principio de responsabilización.
  • Principio de transitoriedad.
  • Principio de intervención mínima.
  • Priorizar la intervención en el propio entorno.

Así como los recogidos en la ley Orgánica 5/2000 en su Exposición de Motivos II.6, el artículo 6 del Reglamento de esta ley y la Exposición de Motivos de la Ley 8/2006.

En este Programa Fundación Pioneros trabaja en coordinación con el Juzgado de Menores, Juez de Menores, Fiscalía de Menores, Equipo de Asesoramiento Técnico del Juzgado de Menores y Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja.

Marco legal del Programa

Las medidas judiciales que se trabajan en Fundación Pioneros nacen y se desarrollan dentro de una fase de reflexión y cambio de la justicia juvenil en el conjunto del Estado Español. Se inscriben en un proceso en el cual se proponen nuevos programas alternativos que pretenden diversificar las respuestas de la justicia a los menores infractores, en una línea de coherencia con las nuevas tendencias de la justicia juvenil en Europa y con las recomendaciones de los organismos internacionales. Las Reglas Mínimas Uniformes de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como las Reglas de Beijing establecen, por ejemplo, una lista de posibles sentencias alternativas a la pena privativa de libertad. Posteriormente estas medidas fueron reforzadas por las Reglas de Tokio. Se pretende así, disminuir la intervención judicial en favor de una intervención psicopedagógica y social.